FOTO: Narco-prostìbulo Black en Ayacucho casi av Alvear.
El diario
Clarín publicó un artículo donde se señala que gracias a escuchas telefónicas
judiciales se descubre que los proxenetas hablan del pago de 4.000 dólares a jefes
policiales de la comisaría 17.
La tarifa por prostíbulo data de hace 13 años.
Si pensamos en la inflación y el repudio mediático como social contra este
corrupto e ilegal sistema de la explotación sexual, la trata y sus vínculos con
el narcotráfico es notorio que la tarifa de la coima se elevó.
Estamos hablando de mínimo 6.000 mil dólares para funcionar un prostíbulo en Recoleta.
La causa que se inició sobre 5 ex
comisarios, 4 ex subcomisarios y dos oficiales fue por 224 sobornos entre 1998 y
2000. Finalmente prescribió según el Tribunal Oral en lo Criminal 26. Los jueces son: Patricia Marcela Llerena, María R. Del Soccorro Lescano, y Manuel García Reynoso.
Si pensamos mensualmente la recaudación ilegal por los 43 prostíbulos en Recoleta, solo por las comisarías de la PFA (esto no incluye división de narcóticos y ni división trata de personas) llega a una recaudación por mes de 287.000 mil dólares, y al año 3.600.000 millones de dólares.
Queda claro porque el dueño del narco-prostíbulo Black, Alberto Fernández, es llevado en la comitiva oficial a Angola.
En 1999,
un hombre con problemas de desarrollo mental (cuando era chico su papá,
policía, le había pegado accidentalmente un balazo en la cabeza) radicó una
particular denuncia por fraude en la Comisaría 15a. de Retiro: dijo que había
contactado a un servicio matrimonial para conocer a alguna chica pero, luego de
concretada la cita, se le exigió que pagara una tarifa.
Ese
episodio dio pie a una de las causas más emblemáticas en lo que se refiere a la
relación entre prostíbulos y protección policial. El caso quedó a cargo del
fiscal José María Campagnoli y del juez Alberto Baños, y en él hay escuchas muy
comprometedoras en la que los proxenetas hablan del pago de coimas de hasta
4.000 dólares a policías de las comisarías 15a. y 17a. (Recoleta).
Luego de
decenas de idas y vueltas, archivos y nulidades finalmente, en septiembre de
2010, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
rechazó los últimos planteos de la defensa y dio el okey para que cinco ex
comisarios, cuatro ex subcomisarios y dos oficiales fueran juzgados en debate
oral por los delitos de “cohecho” (224 sobornos entre 1998 y 2000),
“encubrimiento agravado”, ”incumplimiento de los deberes de funcionario
público”, “omisión de persecución y represión de delincuentes” y “partícipes
necesarios de infracción a la ley 12.331 de profilaxis antivenérea”.
Por
entonces, el caso tuvo especial repercusión porque se descubrió, además, que
uno de los acusados –el ex subcomisario Miguel Angel Fausto Colombo– había sido
nombrado comisionado de la Policía Metropolitana cuando ya su procesamiento
estaba firme. Finalmente, Colombo tuvo que dejar esa fuerza.
Luego de
más de una década, la causa llegó a la etapa de debate y quedó a cargo del
Tribunal Oral en lo Criminal 26. Parecía que se convertiría en la excepción a
la regla. Pero no: el 30 de noviembre de 2011, los jueces de ese tribunal
declararon la prescripción del expediente con un argumento que pocos días
después fue apelado a Casación (donde sigue): dijeron que había pasado tanto
tiempo entre la acusación y el juicio, que a los policías se le habían violado
“las garantías de ser juzgados en un plazo razonable”.
Protección
a prostíbulos: Las mayores causas contra la policías quedan trabadas en la
Justicia
POR
VIRGINA MESSI
Por
nulidades, incompetencias o el paso del tiempo, las principales investigaciones
terminan en la nada. En 5 megacausas sobre el tema hubo unos 100 policías
imputados. Pero ninguna condena.
Sabían
que en tres boliches de su jurisdicción se regenteaban mujeres y no lo
denunciaron, aunque ése era su deber. Es más, de hecho encubrieron lo que
ocurría en esos lugares. Y lo hicieron fraguando actas de control, usando para
ello la identidad de personas que nunca supieron que figuraban como testigos en
esos documentos.
Esta es
la acusación con la que dos fiscales acaban de pedirle a la Justicia que
procese a cuatro policías de la Comisaría 38a., del barrio porteño de Flores.
Se trata de un comisario, dos subcomisarios y un subinspector que cumplieron
funciones en esa seccional entre fines de 2008 y 2009, momento en que se
detectaron las irregularidades.
Los
cuatro policías (actualmente ex policías) lograron que el pasado 31 de mayo la
jueza de Instrucción María Gabriela Lanz les dictara falta de mérito por los delitos
de “omisión de denuncia”, “encubrimiento” y “falsificación de instrumento
publico”.
La
resolución fue apelada por el fiscal de Instrucción Fernando Fiszer y Marcelo
Colombo, titular de la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de
personas (UFASE). Desde el 12 de junio, la cuestión está en estudio en la Sala
IV de la Cámara Nacional de Apelaciones, que citó a las partes recién para el
21 de agosto.
El caso
de la Comisaría 38a. parece seguir el mismo camino por el que ya se
desbarrancaron otros grandes expedientes que involucraban a policías federales
en el lucrativo negocio de la protección a prostíbulos.
A la hora
de investigar este tipo emblemático de corrupción policial, los números nunca
cierran: en al menos cinco megainvestigaciones, unos 100 policías fueron
imputados. Algunos terminaron afuera de la fuerza, pero muy pocos llegaron a
ser procesados y nadie fue condenado.
La causa
de la Comisaría 38a., que ahora quedó en manos de la Sala IV de la Cámara del
Crimen, está estrechamente relacionada, por ejemplo, con un importante
expediente en el que, por un trabajo de la UFASE, a principios del año pasado
quedaron bajo la mira 90 policías de 12 comisarías distintas de la Capital.
Esa
denuncia, cuya investigación quedó a cargo de la jueza federal María Romilda
Servini de Cubría, en su momento le costó el puesto a varios jefes policiales (había
6 comisarios y 15 subcomisarios imputados). Cuando el caso fue hecho público
por Clarín –en su edición del 20 de marzo de 2011– la ministra de Seguridad de
la Nación, Nilda Garré, decidió pasarlos a disponibilidad. Pero la cosa quedó
allí, puertas adentro. La acusación formal contra los policías (fraguar sistemáticamente
actas de control para encubrir prostíbulos) nunca tomó impulso. Aunque ya pasó
más de un año, la investigación sigue “en trámite”. Se notificó a los imputados
de la acusación en su contra, y ellos están haciendo sus descargos.
Fue a
este megaexpediente al que terminó anexada la explosiva denuncia de Lorena
Martins contra su padre, el ex agente de la SIDE Raul Martins, señalado desde
hace décadas como uno de los dueños del sexo vip en la ciudad.
“Siempre
digo que son socios (la Policía y su padre), porque uno es el que comete el
delito y el otro es el que recibe el dinero para hacer caso omiso, como si no
viera nada”, le dijo Lorena Martins a Clarín, el 15 de enero pasado.
Al menos
uno de los comisarios implicados en su denuncia pidió el pase a retiro y se fue
de la fuerza. Pero a nivel judicial no pasó nada de nada. La causa fue
“archivada” por Servini de Cubría y actualmente se encuentra en la Cámara
Federal, ya que fue apelada por el fiscal Marcelo Delgado el pasado 2 de mayo.
En los
últimos tiempos, Martins incluso logró sacarse de encima uno de los expedientes
más graves que había en su contra, y que amenazaba con mandarlo preso por
proxeneta. Luego de dar vueltas durante 10 años por tribunales, en abril de
2011 el ex agente de inteligencia quedó libre de culpa luego de que el Tribunal
Oral en lo Criminal 6 –a cargo del juicio– anulara todo al considerar que una
de las primeras intervenciones telefónicas de la causa no había sido
debidamente fundamentada.
Por
nulidades, incompetencias de jurisdicción o el simple paso del tiempo , las
investigaciones judiciales contra el poderoso y millonario negocio del sexo
–complicidad policial incluida– pocas veces llegan a buen puerto.
Un último
ejemplo reciente: el 15 de junio pasado, el
fiscal Delgado le pidió al juez federal Sergio Torres que citara a declaración
indagatoria a policías de las comisarías 1a., 19a., 25a. y 40a.,
acusándolos de proteger prostíbulos, argumentando que allí las mujeres eran
víctimas de trata , por su extremo grado de vulnerabilidad . Durante uno de los
allanamientos del caso se descubrió incluso que en uno de los departamentos
investigados (en el barrio de Recoleta) estaban anotados en las paredes los
números celulares de los móviles de la comisaría .
El juez
Torres resolvió el 12 de julio. No abrió juicio sobre la responsabilidad
policial pero, como consideró que no se estaba frente a un caso de trata, se
declaró incompetente y pasó todo a la Justicia Penal Ordinaria. El fiscal
apeló, la causa pasó a la Cámara, y así otro expediente comenzó a viajar de
despacho en despacho. Un viaje que suele durar años, y terminar en la mismísima
nada.
Un
catálogo de delitos y penalidades
A la hora
de acusar a los policías de proteger prostíbulos, la Justicia ha utilizado
diferentes figuras penales, dependiendo de si los consideraron partícipes
necesarios del delito (en pocos casos) o prestaron alguna colaboración para que
se concretara, por acción u omisión. Por ejemplo, el artículo 265 fija penas de
hasta 6 años de prisión al funcionario público que se interesara en cualquier
“operación que intervenga por razón de su cargo”. La figura más usada, aunque
difícil de probar, es la de cohecho (hasta 6 años de prisión). Otro delitos que
se les suele imputar son “encubrimiento”, “incumplimiento de los deberes”
(ambos con hasta 2 años de prisión) o “falsificación de instrumento público”
(hasta 6 años).
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