23 de junio de 2012

Comisaría 19 investigada por complicidad con prostíbulos


El diario Clarín publicó este sábado 23 en su edición impresa que la justicia federal investiga a cuatro comisarías, entre ellas la 19 de Recoleta, por su complicidad con un el prostíbulo de Vicente López 2273. Un efectivo de la seccional en Recoleta es la conexión con estos antros de la trata de personas, el narcotráfico y la explotación de mujeres y niñas.
No es menor que desde hace dos días que llamamos con insistencia a la seccional 19 para hablar con su titular y no tenemos respuesta. Queremos que las autoridades policiales vengan el próximo lunes 2 de julio a la asamblea para que puedan responder a los vecinos al Mapa del Crimen Organizado entregado el 7 de de mayo.

Aquí pasamos a reproducir una nota de la página online-911 y Clarín.

Descubren teléfonos de policías en prostíbulos y piden investigar a varios comisarios

La investigación apunta a “los más altos jefes policiales” de las seccionales 1º, 19º, 40º y 25º de la Ciudad de Buenos Aires, quienes recibían dinero a cambio de “hacer la vista gorda” y permitir el funcionamiento de prostíbulos. En los locales encontraron a la vista los números directos de cada dependencia policial. FUE ANTICIPO DE ONLINE-911.


22/06/2012 : 12:40 : El fiscal federal Federico Delgado requirió investigar a la cúpula de varias seccionales policiales de la ciudad de Buenos Aires, a partir del hallazgo de llamativas anotaciones en los locales y escuchas telefónicas que probarían un vínculo entre los jefes policiales y los proxenetas,  informaron fuentes judiciales a Online-911.

La investigación comenzó a partir de una denuncia en la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). 

Los "privados" investigados funcionaban en las calles Larrea 882, Rivadavia 8032 y Charcas 2757. Según las fuentes estaban bajo la administración de Gustavo Gabriel Hamilton y Alejandro Néstor Del Pino Gonzalez, “quienes a su vez, contarían con la connivencia de  personas vinculadas a fuerzas de seguridad”.

Las fuentes confiaron que en los allanamientos realizados encontraron los teléfonos de las comisarías investigadas escritos en las puertas y hasta los números de los móviles que recorrían las jurisdicciones.  

Una de las primeras medidas impulsadas por Delgado, y a las cuales el juez Sergio Torres hizo lugar, fue la de intervenir los teléfonos. La División Delitos contra la Salud de Policía Federal se encargó de transcribir las conversaciones, pero no reportó datos de importancia para la investigación. Como al fiscal le llamó la atención los datos emitidos en el informe, le pidió a Gendarmería que revisara las escuchas. 

De esta manera, se pudo determinar que las transcripciones realizadas por la Federal habían sido parciales y que intencionalmente se había omitido información clave para la causa. 

En una de las conversaciones, consta que una mujer asegura que Hamilton -uno de los proxenetas- fue policía y que por eso no lo joden. “Anda en la política tiene contactos por todos lados, conoce a la brigada, el fue policía, la policía no jode para nada”.

A partir de los indicios que surgieron en las escuchas, se allanaron los departamentos ubicados en las calles Larrea 882, Rivadavia 8032, Esmeralda 625, piso 7° “N”, y Vicente López 2273, piso 3° “11”, donde “funcionaban casas donde se ejercía la prostitución”.

“Dichos lugares se encontraban a cargo de Gustavo Hamilton, Néstor Del Pino Gonzalez, su mujer, Julia Griselda Cuevas y una de sus hermanas, Rosa Beatriz Cuevas. También contaban con la colaboración de Rubén Alberto “Facha” Barrionuevo, quien les proporcionaba a aquellos, mujeres para que ejerzan la prostitución bajo su mando”, señaló el fiscal Delgado en su pedido de indagatoria.

También determinó que los “imputados tenían vínculos con personal de fuerzas de seguridad que, a cambio de sumas de dinero, les brindaban “protección” con la finalidad de que ningún tipo de inspección interrumpiera el funcionamiento de los prostíbulos”, y en se sentido, recordó que Hamilton, principal imputado, “se desempeñó antiguamente como policía y habría trabajado en la Seccional 19° de la Policía Federal Argentina”.

“Los más altos jefes policiales de las jurisdicciones donde se hallaban los prostíbulos recibieron dinero -ya sea directamente o a través de sus inferiores jerárquicos- por parte de Hamilton y sus secuaces para “hacer la vista gorda” con respecto al funcionamiento de esos lugares donde no sólo se ejercía la prostitución de forma ilegal sino donde también las mujeres eran sometidas para realizar esa labor”, añadió Delgado.

Al pedir la indagatoria de los regentes de dichos prostíbulos, Delgado consideró que ellos “abusaron de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las mujeres halladas en los domicilios y se valieron de los vínculos que contaban con el personal de la Policía Federal Argentina”.

De la investigación surgió que a las mujeres se les quitaba un porcentaje de dinero de los “pases” realizados, en concepto de alquiler de la vivienda, que eran obligadas a trabajar las 24 horas del día y que abonaban tanto sus alimentos como los preservativos. 



POLICIALES CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA FEDERAL
Otra investigación, con 177 testigos “dudosos”

Dos de las comisarías investigadas por el fiscal federal Federico Delgado y el juez federal Sergio Torres (la 1° y la 19°) ya habían sido denunciadas por la UFASE en marzo de 2011, en el marco de un expediente que quedó radicado en el juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría. Este implica a 90 policías de 12 seccionales porteñas en la protección a prostíbulos en la Capital Federal.

Lo que denunció la UFASE entonces fue la sistemática falsificación de actas policiales con testigos inhallables, sospechosamente repetidos, con identidades cambiadas o directamente inexistentes, cuyos nombres fueron usados para inventar testimonios favorables a distintos boliches donde se ejercía la prostitución .

La UFASE analizó centenares de actas labradas por policías en estos boliches y descubrió 177 testigos “dudosos”. Llamó a declarar a algunos y descubrió que muchos directamente ignoraban que figuraban en esos documentos.

Tomando los datos de la denuncia, la jueza Servini de Cubría ordenó la noche del 1° de marzo de 2011 un megaoperativo en el que se allanaron 40 locales (algunos muy conocidos, como Cocodrilo ). Por las sospechas de complicidad policial, el trabajo fue encargado a Gendarmería y Prefectura.

En esos allanamientos se encontraron indicios de pagos de coimas. Por ejemplo, en uno se secuestró un fajo de billetes agarrados con un clip y con un papel adjunto en el que estaba anotado el teléfono de la comisaría.

El operativo tuvo impacto, tanto que obligó al Ministerio de Seguridad de la Nación a replantear una serie de movimientos y ascensos que se estaban evaluando por esa época. Sin embargo, la causa se estancó, principalmente por una discusión sobre la competencia del fuero federal en los delitos imputados a los dueños de los boliches y a los policías. En la lista de funcionarios involucrados había 6 comisarios y 15 subcomisarios.

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