En la nota de tapa de Pagina 12 de ayer se cuenta que la fiscalía
antitrata UFASE viene reclamando al Gobierno de Mauricio Macri que revoque la
habilitación y clausure 41 prostíbulos, falsamente habilitados como
“whiskeria”, boliche bailable, ya que estos lugares son centros de explotación
sexual encubierto. Muchos de estos 41 funcionan en Recoleta alrededor del cementerio, y en las cuadras aledañas, entre ellos Madaho's, Black y Cocodrillo (frente al hospital de Niños), tres de los narcos-prostíbulos más importantes de los 45 que están en pie en la Comuna 2. Lo que no destacó Pagina 12, es que la investigación no la
comenzó la UFASE, sino que fue La Alameda y distintas ONGs como varios
legisladores de distintos partidos políticos a fines del 2009. Lo que también
“olvido” destacar la nota, es que cuatro prostíbulos que fueron denunciados en
ese momento, pertenencian a la red de prostíbulos que integraban los
departamentos del Juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, de los cuales
dos fueron allanados en el año 2011.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-199892-2012-07-30.html
Desde hace un año, el
organismo que investiga la trata de personas advirtió al gobierno de Mauricio
Macri que mantiene la habilitación a locales en donde se ejerce la
prostitución, según Prefectura y Gendarmeria.
Por Mariana Carbajal
El gobierno de Mauricio Macri avala el
funcionamiento de burdeles en la Ciudad de Buenos Aires y se niega a cerrarlos,
a pesar de que fue advertido de su funcionamiento por la Unidad Fiscal de
Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), que depende de
la Procuración General de la Nación. La Ufase le viene pidiendo desde hace más
de un año que revoque la habilitación y clausure alrededor de cuarenta locales
que tienen permisos para funcionar como “whiskería”, “boliche bailable”,
“cervecería”, “casa de lunch”, “cantina” o “restaurante”, pero que en realidad
son “verdaderos prostíbulos”, donde se verificó que había explotación sexual de
mujeres, de acuerdo con una pesquisa realizada por el organismo, que derivó
luego en una megacausa judicial que tiene en sus manos la jueza federal Romilda
Servini de Cubría y que investiga la presunta protección a proxenetas desde 12
comisarías de la Policía Federal (ver aparte). Sin embargo, el gobierno porteño
rechazó el planteo: la Agencia Gubernamental de Control alegó en una nota a la
Ufase –a la que tuvo acceso Página/12– que inspeccionó los locales involucrados
en el requerimiento y no encontró infracciones para cerrarlos, aunque tanto
Gendarmería como Prefectura corroboraron que se trata de prostíbulos, según
figura en el expediente judicial. Además sostuvo que hasta que no finalice la
causa penal, no puede actuar. Desde la Ufase, su titular, el fiscal Marcelo
Colombo, le replicó al gobierno porteño, en carta dirigida a Macri y fechada el
26 de abril, que supeditar la clausura al avance de un caso penal “consagraría
una abierta renuncia a ejercer autónomamente su poder de policía, control y
sanción sobre un régimen cuya administración le compete entera y
exclusivamente”, y que los fundamentos que esgrime para no actuar constituyen
“una falsa excusa legal” porque no hay ninguna norma administrativa “que prevea
la sentencia definitiva como requisito para la aplicación de la sanción
administrativa”.
En la investigación sobre el delito de trata de personas en el ámbito porteño que
inició hace más de un año y medio, la Ufase detectó que en 41 locales
habilitados por la Ciudad se registraba en realidad actividad prostibularia.
Con esa información hizo una denuncia ante la Justicia, que recayó en el
Juzgado Federal Nº 1. El primer pedido al gobierno porteño para que quite las
habilitaciones tramitadas para esos locales fue enviado por Colombo el 16 de
junio de 2011. En ese oficio –al que accedió este diario– le solicitó a Macri
que evalúe “a través del área que corresponda la posibilidad de revocar la
habilitación, decretar la inhabilitación, etc., de los locales investigados en
la Investigación Preliminar 124/09, cuya denuncia en copia se adjunta al
presente, atento a que los elementos colectados en la pesquisa dan cuenta de
que en dichos locales funcionan como comercios lícitos bajo eufemismos como
‘whiskerías, bares, etc.’, cuando en realidad constituyen verdaderos
prostíbulos, es decir, emprendimientos que comercian con la prostitución ajena
o, lo que es lo mismo, comercios con un claro objeto ilícito”.
Los 41 burdeles fueron identificados con nombre y dirección. Como parte de la
pesquisa de la Ufase –que derivó en la causa penal que tiene a cargo Servini de
Cubría–, efectivos de Prefectura y Gendarmería comprobaron en diversos procedimientos
que en esos lugares había explotación de mujeres que ejercían la prostitución.
En el oficio, que fue recibido por el gobierno porteño el 21 de junio de 2011,
Colombo le explicó a Macri que la actividad desarrollada en esos locales no
constituye un “exceso de rubro” sino que se trata de actividades esencialmente
opuestas a lo previsto en el artículo 17 de la Ley nacional 12.331 –que prohíbe
los prostíbulos en la Argentina– y a compromisos internacionales como el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Prostitución Ajena
(artículo 1º) y la Convención contra todas las Formas de Discriminación de la
Mujer (artículo 6).
Luego de tomarse alrededor de nueve meses para contestar, el gobierno porteño
envió el 19 de marzo de 2012 su respuesta a la Ufase desde la Agencia
Gubernamental de Control. En esa nota –firmada por la Dra. Alejandra
Helfensten, del Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos
Jurídicos– se señala que los locales involucrados en el pedido de la Ufase
fueron inspeccionados por la Dirección General de Fiscalización y Control, y en
esos procedimientos se labraron algunas actas. “La lectura de éstas permite
considerar que las faltas plasmadas en las piezas mencionadas carecen de la
entidad necesaria para proceder como se solicita.” Es decir, evalúan en la
Ufase, claramente los controles fueron deficientes, porque los inspectores no
vieron lo que Gendarmería y Prefectura sí: que eran prostíbulos. En ninguno se
reparó en lo único y esencialmente importante: si la actividad “real” llevada a
cabo en el local era compatible con la actividad habilitada.
Desde la Ufase, el fiscal Colombo insistió con el pedido el 26 de abril último,
en otra carta enviada a Macri, con copia al procurador general de la Ciudad,
Julio Conte Grand, donde replicó que el fundamento que esgrime la Ciudad para
fundar su “inacción” es “una falsa excusa legal” porque no hay ninguna norma
administrativa “que prevea la sentencia definitiva como requisito de la
aplicación de la sanción administrativa” y, además, porque la investigación
penal “tiene como fin establecer si los titulares del local” cometieron el
delito de trata de mujeres para explotarlas sexualmente o si esas mismas
personas eran regentes o administradores de un prostíbulo. “El proceso
administrativo, por otro lado, debe buscar saber quién pidió y obtuvo una
habilitación para de-sarrollar un quiosco, un boliche bailable o una panadería
y luego la convirtió en un prostíbulo. Dos mundos diferentes en los que incluso
los sujetos pasibles de sanción podrían no ser las mismas personas”, le explicó
Colombo a Macri. Además le detalló que las responsabilidades a establecer en
esos dos tipos de proceso –el judicial y el administrativo– son totalmente
distintas. “En el derecho administrativo sancionatorio, frente a cualquier
ilicitud, la responsabilidad objetiva o por culpa resulta de por sí suficiente
para la determinación de la sanción. Para el caso planteado aquí sería
suficiente que en sede administrativa se estableciera que A habilitó un lugar
que luego devino en prostíbulo, sin resultar de importancia si así lo quiso o
eso sucedió por su falta de control, o por negligencia. La objetiva
constatación basta para sancionarlo con la revocación del acto administrativo
de habilitación. Contrariamente, en sede penal será imprescindible probar que
el autor actuó con dolo tanto del delito de trata de personas como del regenteo
de un prostíbulo (artículos 145 bis y ter del Código Penal y 17 de la ley
12.331)”, sigue la nota enviada al jefe de Gobierno por el titular de la Ufase.
Entre las constancias probatorias para afirmar que en los lugares públicos
enumerados habilitados para otros propósitos en realidad funcionan prostíbulos,
la Ufase menciona inspecciones de fuerzas de seguridad federal, publicaciones
en la vía pública, comentarios de usuarios en distintos foros de Internet en
los que se hace referencia a la actividad allí desarrollada. “Se invitó a la
Agencia de Control, para el caso de que lo considerasen necesario, a acudir al
expediente judicial en trámite para tomar vista de esas pruebas y de otras
agregadas al sumario judicial, y así comprobar el punto por sí mismos”, le
detalló Colombo a Macri. Además le explicó que el fundamento de la petición de
retiro de habilitaciones y clausuras de los locales identificados “es sencillo
y radica en que la actividad prostibularia se encuentra prohibida en nuestro
país por normas supranacionales y nacionales”. “Es decir que la actividad
‘real’ constatada en aquellos lugares nocturnos habilitados ‘legalmente’ para
otros propósitos –abunda Colombo– es ilegal en dos direcciones: a) porque hace
uso de una habilitación legal cuyo objeto real es distinto del cual se otorgó
en el permiso; y b) en cuanto ese uso distinto está además prohibido por el
ordenamiento jurídico argentino por ser campo propicio a la trata de mujeres”.
Colombo incluso le expresó su preocupación a Macri por el hecho de que los
locales denunciados por la Ufase fueron inspeccionados en promedio tres veces
cada uno por el gobierno porteño, “y en ninguna de esas oportunidades esos
controles habían funcionado como alarma”.
Ni el jefe de Gobierno ni el procurador general de la Ciudad respondieron
todavía el segundo pedido de cierre de los prostíbulos.
Una megacausa en la
Justicia
Se allanaron cuarenta
locales que ya tenían antecedentes y se detectó que agentes de la Policía
Federal fraguaban actas. El expediente se encuentra en el juzgado de Romilda
Servini de Cubría.
La investigación de la Unidad Fiscal de
Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Persona (Ufase), que detectó el
funcionamiento de prostíbulos en locales habilitados por el gobierno porteño
para otros fines, se inició en diciembre de 2009. Las actuaciones comenzaron
cuando la Ufase empezó a advertir que muchos de los inmuebles investigados en
el ámbito de la ciudad de Buenos Aires por el delito de trata de personas
paralelamente registraban antecedentes de infracción a la ley 12.331 –que
prohíbe la existencia de burdeles en la Argentina– en la Justicia penal. Pero
la pesquisa derivó luego en la averiguación de irregularidades –y delitos–
cometidos por la Policía Federal en la supuesta actividad de control de
boliches y prevención de la trata. El expediente se convirtió en una megacausa
contra doce comisarías de la Federal, que tiene en sus manos la jueza federal
María Romilda Servini de Cubría y que estaría bastante parada.
La Ufase detectó que agentes de esa fuerza fraguaban actas para encubrir lo que
pasaba en los locales nocturnos, incautó documentos en las seccionales, allanó
alrededor de 40 locales y detectó casos de trata. Según fuentes de la Ufase,
tras la denuncia, en el Ministerio de Seguridad se abrieron sumarios
administrativos contra los uniformados involucrados en las maniobras ilícitas y
algunos de ellos pasaron a disponibilidad en la primera de las purgas que hizo
la ministra Nilda Garré.
El 18 de junio de 2008 y el 11 de septiembre de 2009, el entonces jefe de la
Policía Federal, Néstor Valleca, firmó las órdenes internas 111 y 230,
respectivamente. En ellas, se obligaba a todas las comisarías porteñas a llevar
carpetas de seguimiento de los “locales nocturnos” que hubiera en su
jurisdicción, en los que se presumiera la explotación sexual ajena. La
información debía contemplar y verificar, entre otras cosas, la habilitación
del lugar, las inspecciones efectuadas, si el rubro para el cual fue habilitado
se correspondía con la actividad que se ejercía en realidad, la identificación
del dueño y/o responsable y del personal que trabaje allí, notas cursadas al
organismo del Gobierno de la Ciudad, verificar si había menores ejerciendo la
prostitución, actuaciones judiciales y entrevistas con vecinos para ver cómo
repercutía la actividad del local en el barrio. Fue el propio jefe de la
Federal quien el 14 de diciembre de 2009 puso en conocimiento de la Ufase, sin
que el organismo hubiera efectuado un requerimiento específico, la existencia
de esas órdenes internas. A partir de conocerlas, la Ufase solicitó las
carpetas en cuestión y pidió que se le informara de los sumarios denunciados en
cumplimiento de esas directivas. Al analizar la información enviada, la Ufase
detectó actas policiales “de contenido falso por la inserción de datos y firma
de personas inexistentes” o por la incorporación de declaraciones
“inexistentes” que se adjudicaban a personas determinadas. En ambos casos,
denunció la Ufase, “la finalidad perseguida fue la de encubrir, tapar, esconder
el funcionamiento de tales locales”. En esos sitios, inspecciones de
Gendarmería y Prefectura verificaron luego que había explotación de las prostitución
ajena. En la denuncia estaba mencionado, entre otros, el famoso Hippopotamus.
“Los resultados arrojados por esta investigación preliminar nos muestran que
esos controles fueron sólo útiles para ocultar la realidad de lo sucedido
dentro de esos lugares, para lo cual no se reparó en falsificar documentos y
falsear el contenido de documentación que debía dar fe de lo allí consignado.
Estos datos revelados generaron, además, un impacto negativo en la prevención
del delito en el ámbito metropolitano y su efecto en la seguridad interior”,
dice uno de los párrafos de la denuncia de la Ufase.
Ante los fiscales, una mujer que aparecía como testigo de un acta declaró que
la firma que constaba allí no era la suya, que nunca había sido testigo y que
sólo había ido a la comisaría del barrio una vez para solicitar un certificado
de domicilio. Exactamente lo mismo les ocurrió a otras personas que fueron
llamadas a declarar en la Ufase. Por eso, la sospecha es que los policías
usaban datos de gente que había hecho trámites en las comisarías para
incluirlos en las actas, sin que lo supieran. La denuncia que abrió la causa
penal que tiene en sus manos Servini de Cubría fue firmada por el titular de la
Ufase, Marcelo Colombo, y el secretario del organismo, Marcelo Raffaini. En un
primer momento involucró a 90 policías (entre ellos, seis comisarios y quince
subcomisarios) de doce comisarías, pertenecientes a seis de las ocho
circunscripciones porteñas. “Se deduce que el interés de los funcionarios
policiales involucrados debiera ser, principalmente económico. Esta es la
explicación más razonable del sinnúmero de ilegalidades llevadas a cabo por los
funcionarios policiales” , sintetizó la Ufase. En los locales se secuestraron
cientos de documentos que hacen referencia a los “pases”. Estos son como
tickets (generalmente en forma de ficha o pulserita) que el cliente compra en
el local, para luego entregarlo a una prostituta a cambio de sexo. La mujer lo
presenta luego para rendir cuentas y cobrar su parte.
Leyes en acción
El gobierno de la
provincia de Córdoba avanza con la aplicación de la ley que ordenó el cierre de
prostíbulos. Desde la sanción de la normativa que prohibió el funcionamiento de
locales donde se comercia sexo, hace dos meses, se cerraron más de 150, entre pubs,
whiskerías y cabarets, y fueron detenidas 42 personas que los regenteaban.
Hasta ahora Córdoba es la primera provincia que cuenta con una legislación de
ese tipo. Pero Río Negro le está siguiendo los pasos: hace dos semanas, su
Legislatura dio media sanción a un proyecto similar y está previsto que pase la
segunda vuelta y se convierta en ley el 1° de agosto.
De todas formas, los burdeles están prohibidos en el territorio argentino
aunque autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad suelen hacer la vista
gorda –corrupción mediante, según se desprende de diversas investigaciones
judiciales– para que esos sitios permanezcan abiertos y sean destino para la
explotación sexual de mujeres captadas mediante engaño por redes de trata.
Desde la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de
Persona (Ufase) advierten en la denuncia que hizo su titular, Marcelo Colombo,
y el secretario, Marcelo Raffaini, ante el Juzgado Federal N° 1 de la Capital
Federal, sobre el vínculo entre los prostíbulos y la trata. Once de las
primeras doce sentencias condenatorias dictadas contra tratantes con finalidad
de explotación sexual “tuvieron su escenario de ocurrencia en prostíbulos”,
indicó la fiscalía especializada que depende de la Procuración General de la
Nación. “Iguales porcentajes representativos del riesgo que implica la
existencia de prostíbulos para el delito de trata de personas con finalidad de
explotación sexual puede extraerse de los procesamientos dictados por ese
delito en todo el país”, señaló la Ufase. Esta situación está quedando en
evidencia en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón en el
que hay trece imputados, entre ellos Liliana Medina y sus dos hijos, acusados
de liderar una red de prostíbulos y trata en La Rioja. Sin embargo, desde la
Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) se han manifestado en
contra del cierre de prostíbulos: argumentan que las empujan a trabajar en
departamentos privados o en la calle, donde se sienten más inseguras, y que en
los operativos de clausura reciben malos tratos de la policía.
La ley cordobesa establece la prohibición de los locales donde hay explotación
sexual y la clausura de los que están abiertos. Para los responsables de los
establecimientos prevé la aplicación de una sanción de 60 días de arresto no
redimible por multa: se la considera una falta, más allá de que se abran en
forma paralela investigaciones judiciales por el delito de trata o
proxenetismo. El proyecto que obtuvo media sanción en Río Negro fue impulsado por
diputadas Susana Diéguez y Arabela Carreras, del Frente para la Victoria, y
aprobado por unanimidad, con la presencia en el recinto del jefe de la Policía
provincial, Ariel Gallinger. Es parecido a la iniciativa cordobesa. En la
sesión del 13 de julio, Diéguez fundamentó la propuesta y explicó que se está
“dando el inicio de una discusión profunda y el puntapié para un cambio
cultural”. Y agregó “que hagamos visible esta problemática de explotación
sexual y de las complicidades políticas y policiales ayuda a las víctimas”.
La norma prevé que si se realizan procedimientos en los que se detecten
personas ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución
de manera voluntaria, se resguardarán de manera integral sus derechos. Pero
cuando no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como
víctimas de la trata de personas, y se les deberá brindar protección y
contención, así como a su familia, mientras su situación es puesta en
conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas.
El caso de Doly’s
Un caso paradigmático, para la Ufase, fue el boliche Doly’s, que funcionaba en
Directorio 2820 y fue uno de los pocos clausurados tras iniciarse la causa
penal: “Se ha podido acreditar que allí varias decenas de mujeres (más de treinta)
habrían ejercido la prostitución en inmuebles asociados al local -dice el
expediente-, las mujeres en situación de prostitución debían dejar el 50 por
ciento para el local, tanto de los pases como de las copas. Existen constancias
de que Doly’s funciona desde hace veinticinco años con un número similar de
mujeres”. La investigación –que derivó en la causa que involucra a uniformados–
permitió determinar las ganancias obtenidas por el dueño en cuatro años, entre
julio de 2006 y julio de 2010: “Obtuvo beneficios por $10.037.921 (sólo por el
50 por ciento de las utilidades totales, el otro 50 por ciento lo obtuvieron
las mujeres en situación de prostitución)”.
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