El diario Clarín publicó este sábado 23 en su edición
impresa que la justicia federal investiga a cuatro comisarías, entre ellas la
19 de Recoleta, por su complicidad con un el prostíbulo de Vicente López 2273.
Un efectivo de la seccional en Recoleta es la conexión con estos antros de la
trata de personas, el narcotráfico y la explotación de mujeres y niñas.
No es menor que desde hace dos días que llamamos con
insistencia a la seccional 19 para hablar con su titular y no tenemos
respuesta. Queremos que las autoridades policiales vengan el próximo lunes 2 de
julio a la asamblea para que puedan responder a los vecinos al Mapa del Crimen
Organizado entregado el 7 de de mayo.
Aquí pasamos a reproducir una nota de la página online-911
y Clarín.
Descubren teléfonos de
policías en prostíbulos y piden investigar a varios comisarios
La investigación apunta a “los más altos jefes policiales” de las
seccionales 1º, 19º, 40º y 25º de la Ciudad de Buenos Aires, quienes recibían
dinero a cambio de “hacer la vista gorda” y permitir el funcionamiento de
prostíbulos. En los locales encontraron a la vista los números directos de cada
dependencia policial. FUE ANTICIPO DE ONLINE-911.
22/06/2012 : 12:40 : El fiscal federal Federico Delgado requirió
investigar a la cúpula de varias seccionales policiales de la ciudad de Buenos
Aires, a partir del hallazgo de llamativas anotaciones en los locales y
escuchas telefónicas que probarían un vínculo entre los jefes policiales y los
proxenetas, informaron fuentes judiciales a Online-911.
La investigación comenzó a partir de una denuncia en la Unidad Fiscal de
Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE).
Los "privados" investigados funcionaban en las calles Larrea 882,
Rivadavia 8032 y Charcas 2757. Según las fuentes estaban bajo la administración
de Gustavo Gabriel Hamilton y Alejandro Néstor Del Pino Gonzalez, “quienes a su
vez, contarían con la connivencia de personas vinculadas a fuerzas de
seguridad”.
Las fuentes confiaron que en los allanamientos realizados encontraron los
teléfonos de las comisarías investigadas escritos en las puertas y hasta los
números de los móviles que recorrían las jurisdicciones.
Una de las primeras medidas impulsadas por Delgado, y a las cuales el juez
Sergio Torres hizo lugar, fue la de intervenir los teléfonos. La División
Delitos contra la Salud de Policía Federal se encargó de transcribir las
conversaciones, pero no reportó datos de importancia para la investigación. Como
al fiscal le llamó la atención los datos emitidos en el informe, le pidió a
Gendarmería que revisara las escuchas.
De esta manera, se pudo determinar que las transcripciones realizadas por la
Federal habían sido parciales y que intencionalmente se había omitido
información clave para la causa.
En una de las conversaciones, consta que una mujer asegura que Hamilton -uno de
los proxenetas- fue policía y que por eso no lo joden. “Anda en la política
tiene contactos por todos lados, conoce a la brigada, el fue policía, la
policía no jode para nada”.
A partir de los indicios que surgieron en las escuchas, se allanaron los
departamentos ubicados en las calles Larrea 882, Rivadavia 8032, Esmeralda 625,
piso 7° “N”, y Vicente López 2273, piso 3° “11”, donde “funcionaban casas donde
se ejercía la prostitución”.
“Dichos lugares se encontraban a cargo de Gustavo Hamilton, Néstor Del Pino
Gonzalez, su mujer, Julia Griselda Cuevas y una de sus hermanas, Rosa Beatriz
Cuevas. También contaban con la colaboración de Rubén Alberto “Facha”
Barrionuevo, quien les proporcionaba a aquellos, mujeres para que ejerzan la
prostitución bajo su mando”, señaló el fiscal Delgado en su pedido de
indagatoria.
También determinó que los “imputados tenían vínculos con personal de fuerzas de
seguridad que, a cambio de sumas de dinero, les brindaban “protección” con la
finalidad de que ningún tipo de inspección interrumpiera el funcionamiento de
los prostíbulos”, y en se sentido, recordó que Hamilton, principal imputado,
“se desempeñó antiguamente como policía y habría trabajado en la Seccional 19°
de la Policía Federal Argentina”.
“Los más altos jefes policiales de las jurisdicciones donde se hallaban los
prostíbulos recibieron dinero -ya sea directamente o a través de sus inferiores
jerárquicos- por parte de Hamilton y sus secuaces para “hacer la vista gorda”
con respecto al funcionamiento de esos lugares donde no sólo se ejercía la
prostitución de forma ilegal sino donde también las mujeres eran sometidas para
realizar esa labor”, añadió Delgado.
Al pedir la indagatoria de los regentes de dichos prostíbulos, Delgado
consideró que ellos “abusaron de la situación de vulnerabilidad en la que se
encontraban las mujeres halladas en los domicilios y se valieron de los
vínculos que contaban con el personal de la Policía Federal Argentina”.
De la investigación surgió que a las mujeres se les quitaba un porcentaje de
dinero de los “pases” realizados, en concepto de alquiler de la vivienda, que
eran obligadas a trabajar las 24 horas del día y que abonaban tanto sus
alimentos como los preservativos.
POLICIALES CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA FEDERAL
Otra investigación, con 177 testigos “dudosos”
Dos de las comisarías investigadas por el fiscal federal
Federico Delgado y el juez federal Sergio Torres (la 1° y la 19°) ya habían
sido denunciadas por la UFASE en marzo de 2011, en el marco de un expediente
que quedó radicado en el juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría. Este
implica a 90 policías de 12 seccionales porteñas en la protección a prostíbulos
en la Capital Federal.
Lo que denunció la UFASE entonces fue la sistemática
falsificación de actas policiales con testigos inhallables, sospechosamente
repetidos, con identidades cambiadas o directamente inexistentes, cuyos nombres
fueron usados para inventar testimonios favorables a distintos boliches donde
se ejercía la prostitución .
La UFASE analizó centenares de actas labradas por
policías en estos boliches y descubrió 177 testigos “dudosos”. Llamó a declarar
a algunos y descubrió que muchos directamente ignoraban que figuraban en esos
documentos.
Tomando los datos de la denuncia, la jueza Servini de
Cubría ordenó la noche del 1° de marzo de 2011 un megaoperativo en el que se
allanaron 40 locales (algunos muy conocidos, como Cocodrilo ). Por las
sospechas de complicidad policial, el trabajo fue encargado a Gendarmería y
Prefectura.
En esos allanamientos se encontraron indicios de pagos de
coimas. Por ejemplo, en uno se secuestró un fajo de billetes agarrados con un
clip y con un papel adjunto en el que estaba anotado el teléfono de la
comisaría.
El operativo tuvo impacto, tanto que obligó al Ministerio
de Seguridad de la Nación a replantear una serie de movimientos y ascensos que
se estaban evaluando por esa época. Sin embargo, la causa se estancó,
principalmente por una discusión sobre la competencia del fuero federal en los
delitos imputados a los dueños de los boliches y a los policías. En la lista de
funcionarios involucrados había 6 comisarios y 15 subcomisarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario