Este martes 26 de agosto, a las 18 hs, en el Salón San Martín de la Legislatura porteña (Perú 160) se entregará al fiscal José María Campagnoli el diploma que lo distingue como Ciudadano Ilustre.
Fue en la sesión del 5 de junio de este año que 40 legisladores aprobaron el proyecto de Ciudadano Ilustre autoría de los legisladores Gustavo Vera (Verde/Alameda) y Cristian Ritondo (PRO). La ley 4993 otorgó la distinción de Ciudadano Ilustre a Campagnoli que sólo pueden recibirla un máximo de diez personas por año.
Más de 100 mil ciudadanos respaldaron con su firma que el fiscal Campagnoli sea declarado Ciudadano Ilustre. A través de la plataforma virtual Change.org por petición que impulso el ex presidente de Poder Ciudadano Carlos March.
El fiscal se encontraba suspendido en sus funciones y el 17 de junio se inició el proceso de Enjuiciamiento promovido por la Procuradora Alejandra Gils Carbó. Una multitudinaria manifestación se convocó alrededor de la procuración nacional sobre avenida de mayo al 700 el día que se inició el proceso contra el fiscal.
Se buscaba destituir a Campagnoli por mal desempeño en la investigación de “la ruta del dinero K” y las supuestas maniobras de lavado de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El fiscal también había impulsado una investigación contra varios barrabravas en el que había escuchas telefónicas comprometedoras para el hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, de la barra brava de River Plate.
Finalmente José María Campagnoli fue restablecido en su cargo el 17 de julio de 2014. Pero su equipo de trabajo fue desmantelado lo que complica su normal funcionamiento para seguir las investigaciones como lo realiza desde 1999 en la primer Fiscalía Descentralizada en el barrio de Saavedra.
Los fundamentos de la ley que otorgó la distinción de Ciudadano Ilustre:
José María Campagnoli nació en el año 1961 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estudió en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, a la edad de 17 años ingresó como meritorio en el Poder Judicial (1978), estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires y desarrolló su carrera judicial en los juzgados penales en el Palacio de Tribunales y en las fiscalías descentralizadas de los barrios de Saavedra, Núñez, La Boca y Barracas. Actualmente vive en Las Cañitas, en el barrio de Palermo.
Campagnoli, a la par de la carrera de abogacía, llevó adelante la carrera judicial en el ámbito penal hasta llegar a secretario de un juzgado de primera instancia, desde donde fue designado Fiscal Nacional en lo Criminal de Instrucción en 1993.
Durante sus primeros años de trabajo en Tribunales se cansó de observar como a apenas 100 metros de ese Palacio donde se impartía Justicia, los negocios de la calle Libertad compraban y vendían autoestéreos robados con total impunidad y a la vista de todos, inclusive de jueces y fiscales. Entonces, ya designado fiscal, junto a otros colegas, impulsó un operativo conjunto en el cual se allanaron 28 locales y secuestraron 4000 estéreos robados.
En 1997, Campagnoli fue el encargado de investigar y acusar al concejal porteño y presidente del Concejo Deliberante José Manuel Pico por delitos de corrupción, más precisamente por haber cometido 542 estafas. Pico fue finalmente condenado a 14 años de prisión por defraudaciones, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
En otra mega investigación impulsada por su fiscalía sobre prostíbulos, Campagnoli mandó a juicio oral a 15 oficiales jefes de la policía por amparar la prostitución.
A fines de la década del `90, investigó redes de tratantes y proxenetas vinculadas a Raúl Martins, ex agente de la SIDE, que decide huir a México acorralado por las investigaciones de Campagnoli.
En 1999 se integra al grupo de fiscales que inician la prueba piloto de una oficina descentralizada de fiscales en el barrio de Saavedra. La experiencia exitosa da pie a la ley que institucionaliza las Fiscalías de Distrito, sancionada en el año 2003.
Como titular de la Fiscalía de Saavedra debió investigar la muerte de una madre y su hija al incendiarse el auto en el cual viajaban luego de ser embestido en la parte trasera por Sebastián Cabello, cuando corría picadas conduciendo un auto especialmente preparado para tal fin. Cabello fue condenado a 12 años de prisión y el fallo sentó un precedente, pues por primera vez se consideró como homicidio doloso correr picadas en la vía pública con un auto adaptado para alcanzar altas velocidades.
También tomó intervención en el crimen del joven Juan Manuel Canillas, secuestrado y luego asesinado. La investigación permitió desarticular a la denominada banda de “secuestradores VIP”, integrada por jóvenes de acomodada posición económica, finalmente condenados a cumplir prisión perpetua.
En 2003, Campagnoli es convocado por su colega Norberto Quantin, quien había sido designado por el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Beliz como secretario de Seguridad Interior para ejercer el rol de Subsecretario de Seguridad y Protección Civil. Otorgada la licencia en su puesto de fiscal, asume el cargo en junio del 2003 hasta su renuncia en julio de 2004.
Al frente de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Civil tuvo que afrontar diversos casos de relevancia pública. Tal vez la más notoria fue la toma de la comisaría del barrio de La Boca, ocurrida cuando un grupo de dirigentes sociales indignados por la muerte de un compañero que militaba en ese barrio, bajo la sospecha de que la policía había liberado la zona para que el asesinato ocurriera, protestaron y ocuparon la comisaría, tomando de rehenes a algunos de los policías presentes. Anoticiado del suceso, Campagnoli se presentó en el lugar en carácter de Subsecretario y condujo la negociación con los ocupantes de la dependencia policial, principalmente con el dirigente piquetero Luis D’Elia, que asumía un rol de referente en la toma. Luego de tensas horas de negociación, se acordó que en la mañana siguiente, se retirarían del lugar de manera pacífica, previa identificación de todas las personas que concretaron la toma. Sin la actuación de Campagnoli, el camino más probable era el desalojo mediante la acción de la fuerza de infantería de la policía, lo que hubiera generado una pequeña masacre con muertos y heridos, dados los niveles de violencia que el episodio hubiera cobrado, la presencia masiva de familiares de los dirigentes sociales que ocupaban la comisaría, de una numerosa manifestación de piqueteros que ocurría en simultáneo en el Puente Pueyrredón, a pocas cuadras del lugar, donde se recordaba el segundo aniversario del asesinato de los militantes Kosteky y Santillán y las características de la comisaría, con una sola puerta de salida al frente del inmueble.
Pero además de las acciones concretas que le deparó el cargo, durante la gestión tuvo también posibilidades de participar en el diseño de políticas públicas, como por ejemplo el Plan Integral de Seguridad, que fuera lanzado por Néstor Kirchner y que entre sus propuestas más polémicas –y provocadoras para el establishment judicial, sobre todo del fuero federal- promovía la federalización de todos los jueces nacionales penales de la ciudad, de tal manera que el fuero federal se ampliara de los 12 juzgados de primera instancia federales y 6 juzgados en lo penal económico, a la totalidad de los juzgados nacionales con asiento en la capital federal. Se impulsaba además la creación de la Agencia Federal de Investigaciones para reemplazar numerosas funciones de la SIDE y de la Policía Federal, en tanto se avanzaba en la descentralización de las fiscalías y juzgados a los barrios, como ya ocurría con Saavedra, La Boca y Nueva Pompeya.
La propuesta, también contenida en un paquete de proyectos de leyes, incluía por ejemplo el abordaje a las comunidades vulnerables de adolescentes y jóvenes de entre 17 y 25 años proclives a delinquir –plan para chicos que hubieran tenido alguna entrada a dependencias policiales o penitenciarias o a institutos de menores- para capacitarlos en oficios y dotarlos de las condiciones básicas de empleabilidad o bien, apoyarlos para terminar el colegio. La prueba piloto que se implementó desde la Subsecretaría arrojó un resultado interesante: de un universo de 300 chicos hubo tan solo dos reincidencias.
Otra propuesta revulsiva fue promover que la cabeza de las fuerzas de Seguridad fueran civiles, así también como el encargado de Asuntos Internos, que tiene por responsabilidad investigar las denuncias que involucran a miembros de las fuerzas. Se proponía también mayores controles para las fuerzas de seguridad, premio por productividad en función de un mapa del delito que se mantuviera actualizado y permitiera un monitoreo y acceso del público a logros en materia de esclarecimiento de hechos.
Como un logro destacado de su gestión, Campagnoli resalta que frente a la gran cantidad de robos de automóviles seguidos de muerte, se logró una disminución significativa de esos hechos, a partir de procedimientos coordinados sobre los desarmaderos de la calle Warnes. El sistema implementado, denominado Plan de Vigencia de la Ley o Bloque de Legalidad, consistía en articular la actuación conjunta de diversas agencias gubernamentales como AFIP, Bromatología y la propia Subsecretaría. Estos procedimientos iban a generar numerosas causas judiciales, muchas de las cuales terminaron con condenas para los imputados.
